Los hermanos de Yolanda González pedimos al fiscal la recusación de Hellín que interviene mañana como perito en el juicio de Bretón.
Denunciamos ante la Fiscalía de Córdoba que el asesino de nuestra hermana “busca prestigio para enterrar su pasado criminal”
Los hermanos de Yolanda González, la joven estudiante de 18 años que en 1980 fue, secuestrada y asesinada por individuos de ultraderecha entre los que figuraba Luis Enrique Hellín, que fue condenado por estos hechos, han enviado un escrito al Fiscal de la Audiencia Provincial de Córdoba denunciando que Hellín está actuando como perito en el juicio de Bretón. Precisamente interviene este jueves ante el juez. Además de mostrar su indignación piden que sea recusado y se adopten las medidas oportunas, “dada la completa ausencia de credibilidad que debe atribuirse a quien tiene estos pésimos antecedentes delictivos”.
En su escrito, remitido al fiscal la pasada semana, los hermanos de Yolanda González citan las noticias publicadas en diversos medios, sobre el juicio oral que estos días está celebrándose en la ciudad de Córdoba contra José Bretón por el presunto asesinato de sus dos hijos. En este juicio dicen, “concurre una circunstancia de extraordinaria relevancia que, al parecer, es desconocida por la Fiscalía y el Tribunal que nos afecta y nos duele personalmente. Porque, sin que nadie lo haya pretendido, aparece en el horizonte de dicho juicio nuestra hermana Yolanda González Martín”.
Perplejidad y dolor
“Evidentemente, no somos parte en dicho proceso, pero, como hermanos de Yolanda, deseamos que se conozca nuestra perplejidad y nuestro dolor. Y, por ello, recurrimos al Ministerio Fiscal, por razón de sus funciones definidas en el Art. 124 de la Constitución y desarrolladas en la Ley 24/2007, en la que se hace expresa referencia a su misión de protección de las víctimas”, explican en el escrito.
“No podemos guardar silencio”
Tras expresar su absoluto respeto al dolor que está atravesando la familia de los menores presuntamente asesinados, víctimas también de los gravísimos delitos atribuidos al acusado, añaden que “no podemos guardar silencio ante dicha circunstancia, también por nuestra condición de víctimas de los delitos por los que fue condenado uno de los peritos convocados ante ese Tribunal.”
“Hellín secuestró y asesino a Yolanda”
“El perito Luis Enrique Hellín Moro, antes Emilio, tiene un historial delictivo de una extraordinaria gravedad. A principios de 1980 era Jefe de Seguridad de “Fuerza Nueva” y el y otros, según la sentencia que se referirá a continuación,”al margen de la disciplina y estructura de dicho partido (habían constituido) una banda organizada y armada para la realización de actos violentos e ilícitos, a los que dieron el nombre de “Grupo 41” y en la que ostentaba la jefatura real y de hecho el acusado Hellín”.”En este contexto de clandestinidad”, en la madrugada del día 2 de Febrero de 1980, secuestró y asesinó, junto a otros coautores, a la joven de 18 años Yolanda González Martín. Posteriormente, se le ocupó un verdadero arsenal de armas y municiones”, explican al fiscal.
“Ocultó su verdadera identidad”
Antes de cumplir la condena, Hellín se cambió el nombre, dice la familia de Yolanda, “para ocultar su verdadera identidad”. Fue condenado, en el Sumario 34/1980 del Juzgado Central de Instrucción nº 1, por sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Nacional el 29 de Mayo de 1982 como autor, junto a otros, del asesinato de Yolanda González Martín, cualificado por la alevosía, con la agravante genérica de nocturnidad, en concurso medial con dos delitos, de detención ilegal y allanamiento de morada, a la pena de treinta años de reclusión mayor”.
Tenencia de armas, uso de nombre supuesto…
La sentencia refería asimismo un delito de depósito de armas de guerra, de defensa, municiones y tenencia de explosivos, penado con trece años de reclusión menor, por seis delitos de falsedad de documento de identidad a seis penas conjuntas de tres meses de arresto mayor y multa de cincuenta mil pesetas, por cada una de ellas, y por otro de uso público de nombre supuesto a la pena de tres meses de arresto mayor y multa de cincuenta mil pesetas. Con la consiguiente fijación de la responsabilidad civil.
Fuga de la prisión y contrato con Stroessner
El escrito que ha recibido el fiscal indica que “la sentencia fue íntegramente confirmada por el Tribunal Supremo. Debe destacarse que, aprovechando un permiso de salida otorgado por el Juez de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid se fugó de la Prisión de Zamora, donde cumplía condena, el 20 de Febrero de 1987 huyendo a Paraguay donde prestó servicios de vigilancia para la dictadura del General Stroessner. El 21 de Septiembre de 1990 fue extraditado a España”.
¿Estaba la pena cumplida cuando se le nombró?
Aclaran los familiares que solo disponían de datos de forma oficiosa y solicitan al fiscal que intervenga para contrastarlos ya que según los cálculos que han realizado las penas impuestas por los delitos de asesinato y tenencia de armas y explosivos quedó extinguida el 6 de Julio de 2000. Sin perjuicio de que disfrutó de un régimen de semilibertad desde que el 22 de Marzo de 1995 le fue otorgado el régimen penitenciario del tercer grado. Y las penas correspondientes a los restantes delitos han quedado extinguidas el 13 de Junio del presente año. “De ser cierto este dato, cuando fue propuesto y convocado para el juicio oral aún no había cumplido parte de las penas que se le impusieron”, plantean.
Falta de credibilidad
Y no tenemos constancia de que el penado y ahora perito Luis Enrique- Emilio, cuando cometió los referidos delitos- haya satisfecho sus responsabilidades civiles. Sin que nos conste que los antecedentes penales estén cancelados de conformidad con lo dispuesto en el Art. 136 del Código Penal. Todo lo expuesto anteriormente reviste la suficiente gravedad como para ser valorado y adoptar las medidas oportunas, dada la completa ausencia de credibilidad que debe atribuirse a quien tiene estos pésimos antecedentes delictivos.
“Prestigio para enterrar un pasado criminal”
Consideran además que en el perito Hellín concurre una causa que justifica su recusación. “A nuestro juicio, incurre en la causa prevista en el Art. 468.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la de tener “interés indirecto” en la causa en la que está previsto que comparezca si no se le impide. Su convocatoria y presencia en dicho juicio, de resonancia nacional e internacional, ocultando su verdadera identidad y bajo la cobertura de una sociedad mercantil, le garantiza social y profesionalmente un supuesto prestigio y reconocimiento con el que pretende enterrar su pasado criminal”.
La Justicia no lo debe consentir
Este pasado “está ahora en entredicho- sobre todo por su antigua vinculación con la extrema derecha mas violenta durante la Transición- cuando está pendiente una investigación en el Ministerio del Interior para conocer cómo y porqué fue contratado, con esos antecedentes, para la formación de las Fuerzas de Seguridad”. Concluyen los hermanos de Yolanda González: “No nos cabe duda que su asistencia a ese juicio oral constituye un medio indudable para tratar de limpiar su imagen violenta y de asesino. La Justicia no lo debería consentir”.
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Yolanda Gonzalez 