«Acabo de estudiar [se refiere Virallejo al ensayo que escribió junto al magistrado Antonio Doñate recientemente publicado Jueces, pero no parciales. La pervivencia del franquismo en el poder judicial] cómo el franquismo sigue presente, de muchas maneras, en la sociedad española, en las instituciones llamadas democráticas, y particularmente en la magistratura. Que una persona condenada en su día por un asesinato gravísimo, aparte de otros delitos con múltiples agravantes, y que además cumplió la pena en unas condiciones muy favorables por parte de los jueces de vigilancia penitenciaria, que ninguno de los jueces que favorecieron su fuga fuera sancionado penalmente, pese haber estado huido durante tres años y siete meses en Paraguay al servicio de la dictadura militar de Alfredo Stroessner… en fin, que todo eso ocurra, y que volvamos a reunirnos para hablar de esto demuestra que hay una auténtica pervivencia de valores autoritarios, propios del sistema totalitario franquista en ciertos sectores de la magistratura, aunque no hay que generalizar, porque hay jueces de muchas clases…
Emilio Hellín fue condenado a 43 años de prisión, aunque el código penal contemplaba los 30 años como pena máxima, sólo cumplió 14 años de cárcel, protagonizando dos intentos de fuga y la evasión citada a Paraguay, tras un permiso penitenciario.
Cuando cometió el crimen, Hellín se refugió en casa de un policía de Victoria, y las sospechas de las vinculaciones del ultra con la policía y el ejército eran más que evidentes. En sus intentos de fuga, recibió armas y la Brigada Anticorrupción de la Policía investigó a varios funcionarios de la comisaría del distrito de Ventas, de Madrid, por facilitar cartulinas originales para falsificar el carné de identidad que Hellín utilizó para huir a Paraguay. Las armas utilizadas en el asesinato y los sofisticados aparatos de escucha que utilizaba esta banda criminal hacen pensar en las implicaciones de los aparatos del Estado, pese a ello ninguna investigación ni responsabilidad política fue depurada.
Jiménez Villarejo considera que éste es uno de los problemas que tenemos pendientes de resolver y que se expresa de muchas maneras: «Todas las sentencias dictadas por los Consejos de Guerra y el Tribunal de Orden Público contra centenares de miles de españoles, republicanos, demócratas, etc., condenados injusta e ilegalmente, siguen sin ser anuladas porque el Tribunal Supremo se niega a hacerlo. Esto es una muestra del reconocimiento de la validez de la represión franquista por parte de la justicia española actual».
«Luego hay unos datos que aparecen dispersos en los medios», sigue Jiménez Villarejo. «Por ejemplo, el día 25 de junio está citado a declarar como imputado un periodista por haber hecho unas manifestaciones sobre la Falange Española de las JONS, y la vinculación de ese partido único de la dictadura con los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura. Un juez le ha abierto una causa a ese periodista [Gerardo Rivas, de elplural.com] por injurias graves a la Falange. ¿Cómo a estas alturas un juez de instrucción de España puede considerar injurias el hablar de los crímenes cometidos por la sublevación militar del general Franco, y dictador después, y la Falange que eran parte del aparato represor del franquismo?», se pregunta el ex fiscal. «Con los favores y complicidades que ha habido con Emilio Hellín, que aparte de hacerle cumplir una pena lo más corta posible y en las mejores condiciones posibles, y después de una manipulación para ocultar su identidad que podía ser conocida, parece incomprensible que fuera contratado, con dinero público, por los servicios policiales de los gobiernos democráticos», insiste Jiménez Villarejo, que cree que el gobierno debe contestar a la proposición no de ley que han formulado los grupos parlamentarios [PSOE, CiU, Izquierda Plural y EAJ-PNV] a propuesta de los familiares».
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La organización ARA ART lanzó una campaña para apoyar a las personas LGBTIQ Romanís el 6 de enero de 2017. 
Yolanda Gonzalez 