Yolanda, no te olvidamos


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En primer lugar, hacer constar que el asesinato terrorista de Yolanda, en Febrero de 1980, fue una constatación más de la permisividad, cuando no complicidad, de las instituciones democráticas con las fuerzas de extrema derecha que, después de 1978, persistían en la abierta oposición y desestabilización del régimen instaurado por la constitución .

Primero, en el proceso penal, cuando el Tribunal no solo no condenó a los responsables del crimen como terroristas sino que la norma penal fue aplicada de forma favorable a las organizaciones de signo fascista, como era la banda armada Grupo 41 – perteneciente a Fuerza Nueva- al que pertenecían los autores y, particularmente, el autor material de la muerte, el asesino Emilio Hellín. Por ello, no fueron condenados por el delito de asociación ilícita.

Posteriormente, hubo la posibilidad de reparar esa tremenda injusticia. Lo fue durante la tramitación parlamentaria de la Ley 29/2011, de 22 de Septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo.

Varios Grupos Parlamentarios presentaron Enmiendas encaminadas a incluir en dicha Ley a las victimas, como Yolanda, de organizaciones terroristas de origen franquista, máxime cuando el plazo establecido en dicha Ley para reconocer derechos y prestaciones a las víctimas de dichas organizaciones era a partir del 1 de Enero de 1960.Se pretendía que “los valores de Memoria, Dignidad, Justicia y Verdad” que según el Art. 2 inspiraban dicha Ley, permitieran también la inclusión en dicha Ley de víctimas, como Yolanda, tan maltratadas desde la instauración de la democracia o, como dijo Reyes Mate, tan “invisibilizadas”[1].Pero no fue posible, por la cerrada oposición del PSOE y PP.

Pero, la más reprobable complicidad de las instituciones con los responsables del asesinato de Yolanda fue la que tuvo lugar durante el cumplimiento de las penas por Emilio Hellín. En primer lugar, el injusto permiso de salida otorgado a dicho penado por el Juez de Vigilancia Penitenciaria (VP) en Enero de 1987, aprovechado para fugarse a Paraguay, incumpliendo las penas impuestas durante tres años. Posteriormente, el favorecimiento judicial continúa. Primero, cuando la Sala 2ª del Tribunal Supremo rechaza la querella presentada por los padres de Yolanda por la presunta prevaricación cometida por dicho Juez. Y, después, cuando un Juez del Registro Civil de Madrid autoriza en 1995 al asesino Emilio Hellín, cuando aún está cumpliendo las penas, a cambiar de nombre, con la evidente finalidad de ocultar su identidad. Y, a continuación, como si todos estuvieran de acuerdo, la Juez de VP de Granada, ese mismo año, otorga al penado Hellín el tercer grado penitenciario que, prácticamente, representa el cumplimiento de las penas pendientes; una decisión judicial, objetivamente, favorecedora de los intereses espurios del penado y contraria a los fines constitucionales de la pena..

Pero la protección del penado Hellín llega hasta nuestros días. Como consecuencia de la decisión judicial de concederle el permiso de salida a principios de 1987, la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le impuso al Juez de VP una sanción de suspensión de empleo y sueldo durante un año. Habiendo sido recurrida, el Pleno de dicho organismo anuló la sanción con siete votos en contra de destacados juristas y magistrados. Pues bien, habiéndose solicitado recientemente una certificación literal de ambas Resoluciones, el CGPJ acordó denegarlas el 26 de Noviembre de 2013, porque la concesión de la misma “afectaba a la intimidad e imagen” de Emilio Hellín, de quien se dice fue ”dirigente en su día de formaciones extremistas en España y posteriormente al servicio de dictaduras latinoamericanas”.Todo un ejemplo de opacidad y de protección de un inexistente derecho al honor por una Institución que debería ser un ejemplo de justicia, equidad y transparencia plena. Hasta aquí llegan los ecos favorecedores de quien fue responsable penal de uno de los crímenes mas terribles de la transición. Por todo ello, Yolanda sigues viva en nuestra memoria.

Carlos Jiménez Villarejo

[1]

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